Retrasos y falta de control en la aplicación de la ley Grenelle 2 en Francia

Negocio Sostenible acaba de dedicar hace unos días un artículo a la Ley Grenelle 2, adoptada el año pasado en Francia. Como previsto, los diputados Bertrand Pancher (UMP, mayoría presidencial) y Philippe Tourtelier (Partido Socialista, oposición) presentaron el pasado miércoles una primera evaluación de la aplicación de la ley. El retraso en la publicación de los decretos, el peso de los grupos de presión y la falta de organización en el control de la ley constituyen los puntos destacados del informe presentado por los dos diputados, un año después de la adopción de Grenelle 2.

Grenelle 2 es un documento bastante voluminoso que fue elaborado con el objetivo de poner en marcha las orientaciones generales de la ley Grenelle 1, aprobada en el 2007. Contiene 257 artículos que cubren áreas clave de la política de desarrollo sostenible en Francia tal y como el transporte, la energía, el agua, los residuos, la biodiversidad, la salud, y la contaminación. Un año después de la aprobación de la ley, sólo el 31% de los 189 decretos previstos por la ley, han sido publicados. Un 22% todavía está en curso de validación por parte del Consejo de Estado y el 30% se encuentra en fase de estudio en los distintos ministerios encargados de su aplicación.

Entre los decretos cuya aplicación ha sido retrasada figura el decreto sobre la presentación de los informes de Responsabilidad Social Corporativa (artículo 225 de la ley), que sigue siendo objeto de muchas dudas en cuanto a los puntos esenciales del dispositivo, como por ejemplo el número de empresas que tendrán que cumplir con la obligación de informar sobre su política y resultados en materia de RSC. Además, una disposición esencial del artículo 225 fue suprimida por la Ley del 22 de octubre de 2010 sobre la regulación bancaria y financiera, sin ninguna consulta previa, ni siquiera con el promotor de la ley Grenelle 2, el diputado Bertrand Pancher. Esta disposición preveía que “los órganos de representación de los empleados y los otros actores involucrados en el diálogo con las empresas” pudieran “presentar sus opiniones sobre los temas de responsabilidad social, ambiental y empresarial”. Esta disposición permitía que las empresas integraran en su comunicación sobre RSC todas las partes interesadas, cualquier sea su punto de visto. Se trataba de generalizar un proceso que muchas grandes empresas ya han adaptado, desde hace muchos años, en sus informes de responsabilidad social.

Según Philippe Tourtelier la culpa la tienen “los grupos de presión” que han contribuido a vaciar la ley de su contenido. Por ejemplo, el decreto que prevé la obligación de informar sobre la huella de carbono de las empresas ahora sólo se refiere a las emisiones directas, aunque las emisiones indirectas pueden representar hasta un 80% de las emisiones totales de las empresas. “Lo mismo ocurre con el sector público, que sólo quiere tener en cuenta las emisiones directas, dice PhilippeTourtelier. En consecuencia, la información no es significativa y los planes de acción territoriales resultan insuficientes. ”

Además, una serie de informes previstos por el Gobierno sobre las cuestiones estratégicas no se han llevado a cabo. Es el caso de la biodiversidad, por ejemplo. El informe para identificar las disposiciones fiscales que podrían tener un impacto negativo sobre la biodiversidad no se ha realizado todavía. “Esta situación también se debe a la falta de priorización de las tareas, afirma Bertrand Pancher. No se ha definido una estrategia clara, y menos un calendario.”
Por fin, otro problema señalado afecta al propio Parlamento. Se trata de la falta de recursos financieros y humanos asignados a al seguimiento de la ley: la Asamblea Nacional ha asignado a sólo un funcionario y a un becario para seguir la puesta en marcha de 189 decretos.

A modo de conclusión, se ve que es muy larga la lista de los decretos que todavía faltan, sobretodo en temas de salud (ondas electromagnéticas, nanopartículas, pesticidas), energías renovables, biodiversidad y transporte. Sin embargo, el gobierno francés ha asegurado que el 50% de los decretos se tomarían durante el verano y todos en el 2011. Los dos diputados volverán a presentar un informe final a fines de enero de 2012.

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Acerca de Frederic Page

Learning & Development professional, based in Barcelona, Spain. Blogging about Corporate Sustainability and Social Responsibility.
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